martes, marzo 5, 2024
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Buruaga asegura en el Senado que defenderá el interés de Cantabria «hasta las últimas consecuencias» y advierte a Sánchez que no tolerará privilegios entre territorios

La presidenta rechaza la amnistía y dice que la negociación con el independentismo «no augura nada bueno» para la Comunidad Autónoma

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado hoy en el Senado, en su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que defenderá el interés de Cantabria «hasta las últimas consecuencias» y ha advertido al presidente en funciones, Pedro Sánchez, ausente en una convocatoria a la que no ha acudido ningún representante del Gobierno de España, que no tolerará «privilegios de unos territorios frente a otros».

«Cantabria es el bien que vamos a proteger por encima de cualquier otro. Que lo tenga claro Pedro Sánchez o el Gobierno de Pedro Sánchez. Cantabria tiene un Gobierno firme que no va a tolerar un trato desigual ni que pisoteen sus derechos, que va a plantar cara a cualquier cesión que suponga menoscabo de los intereses de los cántabros y que va a ejercer de freno a la ruptura, la desigualdad y el radicalismo, porque no es posible ser libres sino somos iguales», ha dicho la jefa del Ejecutivo regional.

Buruaga ha reivindicado que el futuro de España lo tienen que decidir todos los españoles y ha criticado que la gobernabilidad del país esté en manos del independentismo, que representa menos del 6% de la población española. A su juicio, la nación se encuentra en estos momentos en una «encrucijada» ante la posibilidad de que el candidato a la presidencia del Gobierno ofrezca una amnistía a cambio de su investidura, «forzando el orden constitucional y conduciendo a España a una quiebra territorial, política y económica».

En este sentido, ha rechazado de plano una amnistía que, en su opinión, además de ser «un fraude», «ilegal» y una «aberración política», va a suponer «un torpedo en la línea de flotación» del marco constitucional, justo el efecto contrario al que tuvo la Ley de Amnistía de 1977, que sirvió para consolidar la democracia en España.

Una medida, ha añadido, que tampoco va a ser «un punto y final» al problema catalán, sino «el punto de partida» de otras muchas concesiones que pueden derivar en la quiebra de la igualdad de los españoles y de la solidaridad entre territorios. «Y por ahí no podemos pasar. Llegará el momento de decir basta ya y de construir una alianza de comunidades autónomas frente a cualquier tipo de prebenda económica unilateral», ha enfatizado la presidenta cántabra.

Para María José Sáenz de Buruaga, la negociación entre Sánchez y los independentistas «no augura nada bueno para Cantabria», porque el secesionismo «no solo exige más diferencias y excepciones, sino que impone el bloqueo de cualquier mejora para el resto».

Asimismo, ha lamentado que el candidato a presidente haya elegido ser «rehén de los independentistas», aceptando unas condiciones «inasumibles para cualquier demócrata», en contra de lo expresado mayoritariamente por el pueblo español en las urnas y poniendo precio a su investidura. ¿Qué precio?: «Negociar amnistías, referéndum de autodeterminación y desigualdades financieras que en ningún caso caben en nuestra Constitución, desautorizando a nuestros jueces y nuestro Estado de Derecho, pisoteando la dignidad y la igualdad de los españoles y normalizando lo que es un disparate para cualquier demócrata del mundo, que un prófugo de la justicia tenga el poder de decidir quién es el presidente del Gobierno», ha afirmado.

Frente a la división que representa el independentismo, que «merma nuestras oportunidades como país y como región», la presidenta Buruaga ha apostado por fortalecer el estado autonómico consagrado en la Constitución de 1978, que garantiza el principio de igualdad y la solidaridad entre territorios y posibilita que, «con las mejoras de una parte, progresemos en el conjunto».

Por el contrario, una España con «regiones de primera y de segunda», que utiliza las inversiones en infraestructuras como «moneda de cambio», que aparta del ámbito educativo la lengua española en algunos territorios que luego exigen expresarse en la suya en las Cortes Generales y cuyo destino político está en manos de quien defiende el lema ‘España nos roba’ representa una «amenaza manifiesta al estado autonómico y al bienestar del conjunto de los españoles.

Deuda y financiación autonómica

En presencia de otros mandatarios autonómicos (todos excepto el lehendakari Urkullu y los tres dirigentes de las comunidades gobernadas por el PSOE, Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra), Buruaga ha reiterado que su Gobierno va a velar con determinación por los intereses de los cántabros y se ha referido, expresamente, a las negociaciones orientadas a una quita de la deuda catalana y al intento de romper el actual modelo de financiación autonómica.

Sobre la deuda, ha defendido que una posible quita tendría que «beneficiar a todos por igual», puesto que la cantidad condonada a cualquier comunidad autónoma no desaparecería, sino que terminaría «en la mochila que cuelga de la espalda de todos los españoles». En el caso concreto de Cantabria, ha explicado que el 97% de la deuda autonómica, que en estos momentos asciende a 3.174 millones de euros, está vinculada al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) del Estado.

En cuanto a la financiación autonómica, que es «el ser o no ser» para las comunidades, ha abogado por abordar la reforma de manera conjunta y ha considerado un «gravísimo error» hacer un uso partidista del sistema. Según ha dicho, la última propuesta del Gobierno de Sánchez supondría para Cantabria una «pérdida inasumible» de 472 millones de euros, lo que en la práctica significaría «liquidar nuestra viabilidad como autonomía».

Buruaga también se ha referido desde la tribuna del Senado a algunas particularidades de Cantabria como la necesidad de romper con su aislamiento en materia de infraestructuras viarias y ferroviarias -«somos la región de los trenes que no caben por los túneles»- y de revertir la protección del lobo que «sabotea» la ganadería extensiva, así como a otros «problemas de la Cantabria real» como la inflación, la política fiscal, la ocupación o la ineficacia en la gestión de los fondos europeos, que son comunes al resto de España.

Del mismo modo, ha pedido igualdad de trato en los Presupuestos Generales del Estado y que no se mercadee con los impuestos de todos. Y ha reclamado una política energética que abandone la ideología y asegure la competitividad de la industria electro-intensiva de Cantabria.

«La Cantabria actual no acepta ni tutelas ni injerencias y tampoco que nos pongan obstáculos en el camino, situándonos en desventaja para competir en igualdad con otras Comunidades», ha señalado.

Finalmente, ha felicitado la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas y ha afeado la ausencia en la misma del Gobierno de España, lo que denota, en sus palabras, «desprecio institucional y falta de consideración» hacia las comunidades presentes.

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