El Gobierno autonómico intercambia experiencias con otras CCAA en una jornada sobre participación celebrada en La Rioja
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha defendido la necesidad de impulsar los trabajos de la nueva ley de participación ciudadana de Cantabria y ha confiado en disponer en el mes de mayo de un primer borrador del anteproyecto.
Así lo ha declarado la consejera, quien ha recordado el amplio proceso de consulta e información abierto previamente, hace unos meses, para acometer la redacción de este primer borrador que recoge ya aportaciones de partidos, sindicatos y entidades sociales, recogidas en las reuniones convocadas al efecto.
Fernández Viaña ha señalado que cuando concluya la redacción del texto normativo, el mismo saldrá a audiencia e información pública, al igual que sucede con otros proyectos normativos, procesos en el cualquier entidad y ciudadanía general podrán realizar nuevas propuestas.
En este punto, ha resaltado el proceso extraordinario de participación abierto en la tramitación de la nueva ley, que es “bastante excepcional” respecto a otras comunidades autónomas que cuentan también con una norma de este tipo, tal y como se puso de manifiesto en una jornada sobre cultura y retos de participación, celebrada en Logroño, y en la que intervinieron, además de Cantabria, responsables en la materia de los gobiernos de Aragón, Navarra y La Rioja.
La consejera de Presidencia ha destacado la importancia de la nueva norma que regulará los procesos de participación directa de la ciudadanía en el diseño de las políticas públicas de la Administración autonómica.
El nuevo proyecto legislativo de Cantabria está incluido en el IV Plan de Gobierno Abierto de la Administración del Estado, que aglutina todas las propuestas del país en materia de transparencia, regeneración, buen gobierno y lucha contra la corrupción.
En cuanto a su contenido, la nueva ley pivotará en cuatro ejes: la participación individual y colectiva; los procesos participativos a iniciativa de la administración pública o de la ciudadanía; el fomento de una cultura participativa entre la ciudadanía y empleados públicos, y la regulación de los órganos de participación.
