sábado, octubre 16, 2021
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Los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria advierten de la necesidad de cambios normativos para luchar contra la pandemia.

La Memoria anual del servicio público plantea un cambio en el Estatuto de Autonomía para incluir el decreto ley en caso de urgente y extraordinaria necesidad.

Los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria han instado a impulsar reformas legislativas para contar con nuevos instrumentos y mecanismos jurídicos que ayuden a la toma de decisiones más agiles y eficaces en la lucha contra la pandemia del coronavirus.

Entre las propuestas para mejorar la actividad de la Administración Autonómica y que vienen recogidas en la última Memoria del servicio público, los letrados autonómicos advierten de la necesidad de que el Ejecutivo de Cantabria pueda dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de decreto ley en caso de urgente y extraordinaria necesidad y que, con posterioridad, deban ser convalidadas expresamente por el Parlamento autonómico.

“Aunque se trate de una cuestión de mera oportunidad, es cierto que a lo largo de la gestión de esta crisis sanitaria en ocasiones se han planteado propuestas por los órganos gestores que veían como se iban aplicando en otras comunidades autónomas y a las que no hemos podido dar respuesta por carecer la comunidad autónoma de Cantabria de la figura del decreto ley”, se recoge en la Memoria.

Los Servicios Jurídicos del Gobierno autonómico defienden así la reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria para dotarse del instrumento ejecutivo del decreto ley, que facilite la toma de decisiones y medidas necesarias frente a la pandemia de la COVID-19.

Afirman que esta figura legislativa “excepcional” y “provisional” se ha utilizado por varias autonomías durante la crisis sanitaria tras incorporarse en distintos estatutos de autonomía a partir del año 2006, “siendo constitucional su regulación en el ámbito de las comunidades”.

Asimismo, según se recuerda, cuentan con esta previsión estatutaria las comunidades autónomas de Galicia, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Canarias. También Madrid ha aprobado el anteproyecto de su ley orgánica de Estatuto de Autonomía con el fin de habilitar a su Consejo de Gobierno para dictar disposiciones legislativas provisionales.

“Duro revés para los intereses de Cantabria”

La titular de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, Consejería a la que se adscriben los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria, ha lamentado el rechazo a esta cuestión jurídica en el Congreso de los Diputados, que ha sido demandada por los propios letrados autonómicos en su actividad jurídica durante la pandemia de cara a facilitar la toma de medidas para enfrentarse a este tipo de situaciones excepcionales.

El rechazo a la posibilidad de aprobar decretos ley “supone un duro revés para los intereses de Cantabria”, ha dicho la consejera, que ha añadido que pone a la comunidad “en el vagón de cola entre las autonomías españolas y entre los instrumentos jurídicos que son necesarios para responder de forma eficiente a la ciudadanía”.

Por último, la consejera de Presidencia ha pedido a los partidos políticos “apartar cualquier tipo de individualismo” y buscar un nuevo acuerdo que “haga a nuestra comunidad más fuerte” en esta materia. “La política está para solucionar los problemas de las personas y cuanto más rápido se haga mucho mejor”, ha apostillado.

“Hoy estamos nosotros en el Gobierno de Cantabria, pero mañana estarán otros grupos políticos ahora en la oposición y estos es, sin ninguna duda, un beneficio para todos”, ha concluido Fernández Viaña.

Otras reformas

Igualmente, los Servicios Jurídicos del Ejecutivo han instado a modificar la Ley de Patrimonio de Cantabria, para facilitar los procedimientos de donación, como los ocurridos en los procesos de material fungible sanitario de protección frente al coronavirus, así como en la aceptación de la cesión de uso de inmuebles (como es el caso de hoteles) para el alojamiento del personal sanitario.

Por otro lado, con el objetivo de mejorar los recursos materiales con los que cuenta la comunidad para hacer frente a la pandemia y la asistencia sanitaria, se plantea modificar la Ley de Derechos y Servicios Sociales para una regulación detallada y completa de la naturaleza jurídica de las relaciones tanto de la Administración y las entidades prestatarias de servicios en materia de servicios sociales, como las actividades privadas subvencionadas (conciertos sociales).

Asistencia jurídica y juicios telemáticos

El Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria ha dado un paso más en 2020 y ha participado en más de una veintena de juicios telemáticos. Este servicio público ha sido anteriormente uno de los primeros en adaptarse al uso de los medios electrónicos en sus relaciones con la justicia y con el resto de consejerías y organismos del Ejecutivo. De hecho, por el sistema procesal Vereda, utilizado por la Administración de Justicia de Cantabria, ha recibido 19.778 notificaciones y 1.108 comunicaciones.

Además, los letrados del Gobierno de Cantabria emitieron durante el pasado año 456 informes en el ámbito de los procesos de creación de normas y en los procedimientos de decisión que corresponden al Consejo de Gobierno.

Gran parte de esta función consultiva se ha centrado en dictámenes jurídicos relacionados con la pandemia, como es el caso de los informes relacionados con los decretos de ayudas a diversos sectores afectados por las medidas sanitarias e interpretaciones de reales decretos nacionales de suspensión de actividades empresariales, entre otros.

La Memoria de los Servicios Jurídicos recoge que el Gobierno cántabro reclamó para su cobro más de 470.000 euros en el último año por costas procesales generadas.

Fuente: cantabria.es

 

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