lunes, abril 15, 2024
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Santander prevé congelar las tasas, precios públicos e impuestos por noveno año consecutivo

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales, que incluye la derogación de la tasa de licencia de apertura a establecimientos, y solo incluye la aplicación del IPC en la del agua y alcantarillado por obligación del contrato

El Ayuntamiento de Santander prevé congelar las tasas, precios públicos e impuestos municipales por noveno año consecutivo, excepto las del agua y alcantarillado, a las que se debe aplicar el IPC por obligación del contrato con la empresa adjudicataria del servicio.

Así lo ha anunciado hoy la alcaldesa, Gema Igual, quien ha explicado que el ejercicio de 2024 pretende ser un año de consolidación de las medidas fiscales adoptadas por el equipo de gobierno para seguir apoyando el crecimiento y el mantenimiento del equilibrio económico.

La regidora ha avanzado el contenido de las ordenanzas fiscales para 2024, y ha destacado que el Ayuntamiento no va a repercutir a los vecinos el coste derivado de la inflación, de manera que se dejará sin aplicación el incremento del 2,3%.

“El Ayuntamiento va a hacer un gran esfuerzo para proteger a los santanderinos y, al mismo tiempo, seguir ofreciéndoles una mayor calidad de vida y un mejor entorno”, ha comentado Igual.

Por otro lado, la alcaldesa ha anunciado que, en 2024, el Ayuntamiento no cobrará la tasa para la obtención de licencia de apertura de cualquier establecimiento para el desarrollo de actividades industriales, mercantiles, comerciales o profesionales en la ciudad, con el propósito de favorecer la actividad económica y el empleo.

También ha recordado que, en el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), en los últimos años se ha producido un importante descenso en el tipo impositivo, que es la parte sobre la que puede actuar el Ayuntamiento, ya que el valor catastral viene determinado por el Estado.

En este caso, el Ayuntamiento aplica un 0,40%, lo que representa el mínimo que permite la Ley Reguladora de Haciendas Locales, es el mínimo histórico en Santander y la sitúa entre las capitales de provincia de toda España con el tipo impositivo más bajo.

En cuanto a las tasas de agua y alcantarillado, en las que, por obligación del contrato, sí debe aplicarse el IPC, el Ayuntamiento mantiene los tramos y las bonificaciones para paliar este incremento y reducir las facturas a las familias santanderinas.

De esta manera, se aplicarán bonificaciones consistentes en la reducción en un 95% a los desempleados y a familias numerosas y monoparentales, así como un 95% a rentas inferiores a 1,5 IPREM y un 50% a familias que se encuentren en el tramo entre 1,5 y 2,5 IPREM. Y continúan con la misma bonificación del 50% el resto.

En el detalle de lo que supone esta subida para los santanderinos, Igual ha recordado que, en la ordenanza municipal de Santander, existen dos tipos de tarifas, doméstica y no doméstica, y dentro de cada una se factura por bloques, de manera que se paga por lo que se consume.

De esta manera, según un cálculo estimativo, para una casa donde vivan dos personas, con un consumo trimestral de 21 m3, la subida será de aproximadamente 0,25 euros al mes, mientras que para una unidad familiar de 3 o 4 personas, con un consumo trimestral de 28 m3, el incremento será de 0,27 euros. En el caso de un bar medio, el aumento se situará en torno a los 0,41 euros al mes y para una cafetería grande, la subida supondrá 3,81 euros mensuales.

La última novedad que contempla la propuesta de ordenanzas fiscales para 2024 es la modificación de la redacción de la ordenanza que regula el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, con el fin de adaptarla a los procedimientos de la Oficina Tributaria Virtual, un cambio que no implica impacto económico para los contribuyentes y que mantiene las bonificaciones existentes.

Como resumen del efecto de las rebajas fiscales en los ciudadanos, Igual ha remarcado que, en total, a lo largo de 2024, los santanderinos se ahorrarán más de 11,2 millones de euros por todas las bonificaciones y exenciones fiscales en vigor, así como por la derogación de la tasa de licencia de apertura a establecimientos y la no actualización del 2,3% del IPC.

Máxima competitividad fiscal

Igual ha enmarcado estas medidas en una política para minimizar la presión fiscal y fomentar el crecimiento económico, con iniciativas que han permitido a Santander posicionarse en los primeros puestos de competitividad fiscal.

De acuerdo con el informe de la competitividad fiscal de las entidades locales y de las comunidades autónomas elaborado por el Instituto de Estudios Económicos, Santander ocupa el puesto 14 en competitividad fiscal de entre las 141 localidades de más 50.000 habitantes analizadas (un 19,85 superior a la media nacional).

En lo referente al IBI, está fijado en el mínimo que permite la ley (0,40%), lo que sitúa a Santander en la primera posición en competitividad (junto a Boadilla del Monte, Alcobendas, Las Rozas, Majadahonda, Arrecife, Dos Hermanas, Torrevieja y Leganés), un 35,7% mejor que la media española.

Además, ha sido el séptimo municipio en el que más bajó el IBI entre 2019 y 2022, con un descenso del 10,1%.

Tramitación

Tras su aprobación en la Junta de Gobierno Local, las ordenanzas fiscales se debatirán en un Pleno para su aprobación inicial, previa aprobación de la Comisión de Economía. En este punto, la alcaldesa ha expresado que el equipo de gobierno está abierto al diálogo y a la negociación con todos los grupos políticos del Ayuntamiento, aunque, como ha precisado, “el esfuerzo que hemos realizado para minimizar la presión fiscal es el máximo al que podemos llegar para que un ayuntamiento sea sostenible”.

Después de la aprobación en el pleno, continuaría la tramitación habitual, de forma que se someterán a exposición pública durante 30 días hábiles y, si transcurrido ese plazo no hubiera alegaciones, quedarían aprobadas definitivamente de manera automática.

En caso de presentarse alegaciones, deberán ser examinadas y resueltas antes de llevar de nuevo las ordenanzas al Pleno para su aprobación definitiva, de cara a su entrada en vigor el 1 de enero de 2024.

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