sábado, noviembre 26, 2022
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La Consejería de Presidencia presenta unos presupuestos récord en justicia, emergencias y cooperación con los ayuntamientos

Fernández Viaña dice que son unas cuentas “reales y eficientes”, dotadas de 146,3 millones de euros, con los que asegurar la mejora y el buen funcionamiento de estos servicios públicos esenciales

La Consejería de Presidencia, dirigida por Paula Fernández, ha presentado hoy las cuentas de su departamento para 2023, que baten el récord histórico en presupuesto destinado a justicia, emergencias y cooperación con los ayuntamientos.

Son unos presupuestos, según Fernández, “reales y eficientes”, que aseguran mejoras y progreso en servicios públicos esenciales, en un momento, además, como ha dicho, “complicado” por la inflación generalizada y la subida del precio de la energía.

“Queremos que el presupuesto de 2023 se caracterice por el refuerzo y mejora de los servicios y el empleo públicos”, ha afirmado la consejera durante la presentación de las cuentas de su departamento, que alcanzarán los 146,3 millones de euros, el más importante de su historia, lo que representa un incremento del 12,9 por ciento con respecto a este año (16,7 millones de euros más).

El presupuesto de la Consejería de Presidencia incluye, además, las partidas necesarias para la organización del proceso electoral autonómico del mes de mayo. En total, se destinarán 2,4 millones de euros.

Uno de los principales ejes será la Administración de Justicia, que contará en 2023 con el presupuesto más alto desde que se asumieran las competencias en medios personales y materiales en 2008. En concreto, alcanzará los 48,4 millones, un 30,4 por ciento más que este año, de los que cerca de 6,4 millones corresponden a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que reparte el Ministerio.

Las inversiones judiciales prácticamente se doblarán (crecen más de un 94 por ciento) con proyectos para mejorar las sedes judiciales y las infraestructuras tecnológicas al servicio de los juzgados y tribunales. Principalmente, se destinarán a las obras de conservación del convento de Las Clarisas en Santander (1,9 millones), un proyecto que se ha visto retrasado al quedar desierta en dos ocasiones la licitación del contrato.

Igualmente, se ejecutarán obras de rehabilitación y conservación en la sede judicial de Las Salesas (120.000 euros), se licitará el proyecto de obra de la nueva sede del Instituto de Medicina Legal (40.000) y se proyectan otras actuaciones en Castro Urdiales y en el Decanato de los Juzgados de Santander.

Las inversiones tecnológicas en justicia contarán con 6,4 millones provenientes de fondos europeos, con el objetivo de que, a finales de 2025, el 70 por ciento de los órganos judiciales cántabros dispongan de las infraestructuras necesarias para celebrar el 30 por ciento de los trámites judiciales de forma telemática.

Según ha destacado la consejera, Cantabria está “en las mejores condiciones” para cumplir con estos hitos y hoy la Administración judicial cántabra ya supera los objetivos intermedios de implantación de los procedimientos judiciales marcados en el proyecto nacional de Justicia 2030.

Así, los nuevos fondos acelerarán los proyectos de digitalización en los que estaba inmersa Cantabria y que incluyen, entre otros, el sistema de textualización y la dotación para las futuras Oficinas de Justicia en el municipio (2,1 millones de inversión total hasta 2025);  la interoperabilidad y optimización de sistemas de gestión procesal (2,8 millones hasta 2025); creación de una arquitectura de información basada en datos para facilitar la interoperabilidad de aplicaciones (inversión hasta 2025, 750.000 euros); registro civil plenamente electrónico 1.035.000 euros, hasta 2025); textualización de la grabación audiovisual (180.000 euros), y Carpeta Justicia para la interconexión  de los sistemas de comunicaciones judiciales con los ciudadanos y personas jurídicas (150.000 euros).

Por otro lado, se incrementa el presupuesto destinado a justicia gratuita, un 15,7 por ciento (414.000 euros más, alcanzando los 2,7 millones); se mantiene el proyecto de mediación intrajudicial en los órganos judiciales de Santander, las ayudas a los juzgados de paz, así como la inversión necesaria para el desarrollo de la reorganización judicial prevista por las leyes nacionales, representada en los tribunales de instancia y las oficinas de justicia en el municipio (500.000 euros).

En materia de personal, el presupuesto de justicia crece un 9,4 por ciento, hasta los 28,1 millones, con los que, además, se hará frente a la dotación del nuevo juzgado de lo mercantil de Santander y el incremento de efectivos en los juzgados de la capital y en la nueva Oficina Judicial de El Dueso, en Santoña.

Emergencias

Con respecto al área de emergencias, el presupuesto para 2023 consolida y mantiene el incremento registrado el pasado año. La Dirección General de Interior, encargado de la gestión del helicóptero y la planificación de emergencias, crece un 10,5 por ciento, hasta los 9,5 millones de euros, y el Servicio de Emergencias, que gestiona la Sala del 112 y los parques de bomberos, sube un 6,7 por ciento y supera los 10 millones de euros.

Habrá 1,6 millones para renovar el material y los vehículos de los bomberos, que verán también ampliada su plantilla, con dos nuevos efectivos, hasta alcanzar los 126 bomberos en los seis parques de emergencia.

El equipo del helicóptero del Gobierno cántabro se financiará en 2023 con 2,2 millones y se mantienen las subvenciones para socorrismo en playas (600.000 euros) y las contempladas en el Plan Interioriza de mejora de medios de emergencia de los ayuntamientos (vestuario, material, hidrantes y vehículos). Como novedad, se incrementa la destinada a los hidrantes (220.000 euros) y se crea una nueva para la instalación de desfibriladores en edificios públicos municipales.

Igualmente, se incrementan la colaboración con los bomberos voluntarios de Santander y el CERMI-Cantabria, y se establece una nueva con la Asociación Cántabra de Federaciones Deportivas para fomentar la seguridad en la organización de pruebas deportivas.

Los parques de bomberos municipales recibirán 1.725.000 euros para la mejora de sus medios materiales y la cobertura de las incidencias en los municipios de su área de influencia (Santander, 725.000 euros; Torrelavega, 450.000; Castro Urdiales, 400.000 euros, y Camargo, 150.000 euros).

En el ámbito de la planificación, Cantabria contará con nuevos planes de protección civil de riesgos radiológicos y de fenómenos meteorológicos, y actualizará los instrumentos de emergencia exterior de tres empresas que trabajan con sustancias químicas.

Administración local

Las políticas de apoyo a los municipios, lideradas por la Dirección General de Administración Local, contarán con un presupuesto de 21,9 millones, un 10 por ciento más, de los que 17,2 pertenecen al Fondo de Cooperación Local, destinado a los 102 ayuntamientos, casi un 9 por ciento de subida. Nunca el Ejecutivo regional había destinado tanto dinero a este Fondo que, en palabras de la consejra, “garantiza” la financiación de los ayuntamientos y ayuda a hacer frente a la subida en los gastos corrientes que también sufren las administraciones locales.

La Consejería de Presidencia ayudará a la gestión de las mancomunidades con 300.000 euros e incrementa, también con 300.000 euros, las subvenciones a las entidades locales menores.

En el ámbito de la lucha contra el despoblamiento rural, se financian varias iniciativas: la ayuda al Valle de Villaverde, el mantenimiento de los cajeros y del sistema de dosificación de medicamentos en las farmacias rurales.

La Administración electrónica en los ayuntamientos se financiará con una nueva orden de ayudas, que contará con un presupuesto de 315.000 euros, y el Plan de Obras y Servicios de Administración Local contará con 410.000 euros

En policías locales, se mantienen las subvenciones destinadas a renovar el parque móvil usado por los agentes (150.000) y la que financia la mejora de su equipamiento (100.000 euros).

Reducción de la temporalidad y Administración digital

Uno de los principales objetivos para 2023 seguirá siendo la reducción de la temporalidad en la plantilla pública de la Administración General. Para ello y tras la ejecución en tiempo de pandemia de una oferta de empleo público de 1.000 puestos, se convocarán otras 1.000 plazas más. La consejera ha asegurado el cumplimiento del objetivo marcado por Europa de reducción de la temporalidad por debajo del 8 por ciento en la Administración General: “somos una región seria y cumplidora con los compromisos marcados por Europa para la recepción de los fondos previstos en el Plan de Recuperación”, ha subrayado.

También, en materia de formación de personal público, el nuevo Instituto Cántabro de Administración Pública ‘Rafael de la Sierra’ – el antiguo CEARC- contará con el mayor presupuesto de su historia, con un incremento total del 31 por ciento, hasta superar los 2.100.000 euros.

Por otro lado, se incrementará la inversión para el desarrollo de la Administración digital en el Gobierno de Cantabria. El presupuesto de la Dirección de Organización y Tecnología asciende a 28,8 millones, lo que supone un incremento de 13,4 por ciento.

El mayor aumento va dirigido a mejorar los desarrollos informáticos para el mantenimiento de los sistemas informáticos, lo que contará con un presupuesto de 6,4 millones y se incrementa la capacidad de los procesos, almacenamiento y seguridad de la plataforma informática del Gobierno para lo que se destina 3,1 millones.

El nuevo contrato ‘Silió’, que desde julio está en vigor, incrementa su importe en más de 1 millón de euros, con una cuantía total de casi 7,5 millones. Además, se mejorará la seguridad con un nuevo contrato de ciberseguridad de los sistemas informáticos, que dobla su cuantía hasta alcanzar los 413.000 euros.

Respecto a los servicios de atención ciudadana, se avanzará en la elaboración de la Ley de Participación Ciudadana, con el objetivo de aprobarla como proyecto de ley antes de que acabe la legislatura.

El Gobierno cántabro también ha incluido en este presupuesto el incremento de las partidas presupuestarias para hacer frente a la escalada de precios de energía y de otros gastos corrientes que afectan a la Administración autonómica.

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